Este contenido fue publicado el 28 de marzo de 2022 – 20:55
(AFP)
Una comisión de expertos independientes acusó el lunes a las autoridades mexicanas de ocultar información clave sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
“Lamentablemente no hemos podido establecer el destino de las víctimas. Esto se debe a la destrucción de pruebas, la obstrucción, el ocultamiento y la construcción de una mentira desde los más altos niveles”, dijo Francisco Cox, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes investigan el caso.
El GIEI aseguró que estas organizaciones, que no ha identificado, se resisten a brindar la información necesaria para el avance de las investigaciones, incluidos datos de inteligencia. Según él, hay un “simulacro” por parte de ciertas autoridades para hacernos creer que están cumpliendo la orden del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de facilitar las consultas, cuando en realidad no es así.
El GIEI fue creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, para esclarecer la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Los 43 jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, localidad también guerrerense, en uno de los peores casos de violaciones a los derechos humanos en México, que ha suscitado una amplia condena internacional. Hasta el momento, solo los restos de tres víctimas han sido identificados por expertos del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Según Claudia Paz, integrante del GIEI, miembros del ejército estaban siguiendo los movimientos de los estudiantes dos días antes de su desaparición. “En ese momento, las autoridades tenían información casi minuto a minuto de lo que estaba pasando”, dijo.
Claudia también dijo que en la noche del 26, las autoridades locales y estatales sabían “lo que sucedió al momento de la detención y posterior a la desaparición de los estudiantes”, aunque esta información no fue trasladada a los investigadores.
El día del incidente, decenas de normalistas se dirigían a Iguala para tomar los autobuses que pretendían utilizar en las protestas. Según la llamada «verdad histórica» del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos, cuando los confundieron con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados a la basura, según esta tesis, rechazada por los familiares de las víctimas, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, quien presentó el tercer informe de trabajo del grupo, habló de la alteración de un vertedero donde se encontraron restos humanos, incluidos los de tres estudiantes. «Se cambió el escenario», dijo, señalando que antes de las diligencias judiciales, el lugar fue objeto de injerencias «de actores que no tenían ni la competencia ni el diploma» de los investigadores.
– Testigos asesinados –
Además de ocultar información, Francisco Cox señaló que la actuación de los propios delincuentes también impide «conocer el destino final» de los estudiantes. Al menos “22 familiares de los que se pueda tener información han fallecido, solo dos de ellos por causas naturales.
Jhosivani Guerrero da Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio fueron los únicos estudiantes identificados hasta el momento por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck.
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