En un partido entre grandes equipos, uno de ellos es derrotado o hay un empate, pero los dos nunca pierden. Después de todo, la ley no siempre se aplica, porque en las elecciones regionales de España en Castilla y León el domingo, los dos partidos más grandes lograron perder al mismo tiempo. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue peor, pero el Partido Popular, que ha aumentado el número de cargos electos, difícilmente puede cantar victoria.
El centroderecha iba a la cabeza, con el 31% de los votos y 31 elegidos a las altas cortes, con un aumento de dos diputados respecto a 2019, pero faltan diez para la mayoría.
El popular ha perdido 60.000 votos desde 2019 y estaba a años luz de la antigua hegemonía en Castilla y León, cuando la derecha ostentaba mayorías absolutas de la mitad del electorado. En la votación anterior, el PSOE salió primero y no formó gobierno. Esta vez incluso peor los socialistas, con 16.000 votos menos que el PP.
En resumen, la Junta de Castilla y León seguirá encabezada por el PP (Alfonso Fernández Mañueco), pero el baile es más complicado.
Casado tiene un dilema difícil de resolver. La estrategia del líder del PP era consolidar su poder en el partido y, en ese momento, todo salió mal. Las cuentas son simples: el gobierno anterior fue una coalición entre el PP y Ciudadanos; la convocatoria de elecciones anticipadas fue para evitar un voto de censura de los liberales y fueron aplastados en las urnas; Más a la derecha, Vox tuvo un gran resultado, pasando de asistente a 13.
En definitiva, el presidente autonómico Alfonso Mañueco deberá negociar una nueva alianza, esta vez con el partido de ultraderecha. La suma de PP y Vox da 44 diputados (tres más de los necesarios).
Esta será la única solución, aunque las primeras declaraciones de la dirección popular señalan la intención de formar gobierno únicamente del PP o del pueblo con fuerzas autonómicas (todavía en minoría), absteniéndose Vox. Estos son escenarios improbables.
La celebración de elecciones anticipadas en Castilla y León se debe a las presiones de Pablo Casado. El líder del PP creía que era posible crear una situación de mayoría absoluta del PP o estar cerca de ella, lo que le otorgaba legitimidad ante la creciente oposición de la jefa de Gobierno regional de Madrid, Isabel Ayuso, que logró vencer a los socialistas el año pasado. El PP gobierna en Madrid con una holgada mayoría y Vox se abstiene, sin necesidad de alianza de gobierno. Si Casado hubiera conseguido hacer lo mismo en Castilla y León, se podría decir que no fue por la magia de Ayuso, sino por sus dotes de líder.
El PP está en pugna por el rencor creado entre Ayuso y el secretario general, Teodoro Egea, que ha disgustado a otros barones del partido. Egea reaccionó a los resultados del domingo atacando a Vox: según él, la ultraderecha tendrá que apoyar un Gobierno minoritario del PP en Castilla y León o «asumir sus responsabilidades». Vox quiere un sitio en el Gobierno regional y ha advertido que no será la «muleta» de nadie.
Para la derecha, el cambio de socio de coalición es una mala noticia: en lugar del centrismo, hay radicales. A nivel nacional, la facción de Ayuso reclama un congreso para discutir estos resultados, con la posibilidad de que Egea pierda influencia o incluso (situación menos probable) que Casado sea sustituido.
La gente popular no puede quedarse mucho tiempo discutiendo dilemas. La crisis de Ciudadanos y el ascenso de Vox se consolidan, pero si la derecha quiere volver al poder tendrá que derrotar a los socialistas, lo que es más difícil en alianza con Vox, porque los socialistas aprovecharán para satanizar la alianza de las dos derechas.
El Gobierno de Sánchez está cada vez más cuestionado, a pesar de la recuperación económica, con la paulatina mejora del turismo internacional y las exportaciones. España tiene más de 3 millones de parados y solo en el cuarto trimestre de este año vuelve al nivel económico de 2019.
Además del mal manejo de la pandemia, a Sánchez se le critican las concesiones que hace al socio de coalición de extrema izquierda, Unidas Podemos, pero sobre todo a los separatistas catalanes. La propaganda, la fractura de las causas sociales y la injerencia menos sutil en el poder judicial y los medios de comunicación son otros motivos de crítica.
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