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Tras anunciar la creación de impuestos extraordinarios en los sectores bancario y energético, el Gobierno español adelantó este jueves cómo pretende poner en práctica el plan. Las rentas bancarias estarán sujetas a un impuesto extraordinario del 4,8%, mientras que la energía estará sujeta a un nuevo impuesto temporal del 1,2%.
Según la prensa del país vecino, los nuevos impuestos se aplicarán a unas 20 grandes empresas, las cuales no podrán repercutir estos costos a los clientes, de lo contrario serán pasibles de una multa equivalente al 150% del valor. de los gastos.
El gobierno español creará impuestos extraordinarios a bancos y empresas energéticas. «No toleraremos que se aprovechen de la situación»
El ejecutivo de Pedro Sánchez espera recaudar alrededor de siete mil millones de euros en los próximos dos años con esta medida. El objetivo es financiar, con este importe, medidas de apoyo a familias y empresas, tras el repunte de la inflación.
El impuesto sobre la renta de las grandes empresas energéticas estará en vigor en 2023 y 2024, y permitirá al Estado recaudar dos mil millones de euros al año.
El impuesto se aplicará sobre el patrimonio neto de las rentas obtenidas durante el año anterior. Es decir, la obligación tributaria de 2023 será sobre la venta de bienes y servicios en 2022, y el impuesto de 2024 se aplicará sobre los ingresos de 2023. Las empresas podrán pagar la cantidad correspondiente hasta septiembre, pero en febrero habrán pagado parte del monto adeudado.
El tipo solo se aplicará a las empresas cuya facturación supere los mil millones de euros, tomando como referencia el ejercicio 2019, por lo que no se reflejan las distorsiones provocadas por la pandemia.
Si una empresa tiene más de una actividad y la actividad energética representa menos del 50% de sus ingresos, está exenta del impuesto. Sólo tributarán las rentas declaradas por sociedades en España.
El impuesto extraordinario a las entidades financieras, que también estará en vigor en 2023 y 2024, proporcionará al Estado unos ingresos adicionales de 1.500 millones de euros anuales. Al igual que las empresas energéticas, deberán pagar el impuesto hasta septiembre, con un primer pago en febrero, correspondiente al año anterior. No obstante, en el sector bancario, el impuesto se aplica a los intereses y comisiones, y se imputará a los establecimientos cuando esta cantidad supere los 800 millones de euros anuales.
El argumento del gobierno español para justificar los nuevos impuestos es que estas empresas se benefician de la subida de la inflación. “No toleraremos que nadie se aproveche de la situación”, dijo Pedro Sánchez el 12 de julio, durante el discurso del Estado de la Nación.
La medida es, por ahora, un proyecto de ley del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, y aún debe ser aprobada en el Congreso, donde podría sufrir modificaciones. Según la prensa española, es probable que las empresas recurran a los tribunales para detener las nuevas obligaciones.
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