São Paulo – España inicia 2022 con nueva legislación, que revierte los efectos nocivos de la reforma laboral de 2012. El cambio es parte de una negociación que involucró a empresas, sindicatos y partidos que integran la coalición que apoya al Partido Socialista Español (Psoe) . Después de ser aprobado por el Consejo de Ministros el martes pasado (28), el proyecto de ley se convirtió en un «real decreto-ley», una especie de medida provisional, que pone las reglas en vigor hasta que sean ratificadas por el legislativo.
Esta nueva reforma laboral en España, ahora con el objetivo de salvar derechos, forma parte del acuerdo entre el oficialismo y Podemos, el partido más de izquierda. El acuerdo ayudó a formar la mayoría necesaria en el Psoe para nombrar al primer ministro Pedro Sánchez después de las elecciones de abril de 2019.
La reforma laboral en España hace una década fue una de las “inspiraciones” de la “reforma” llevada a cabo en Brasil en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer. Aquí como aquí, el pretexto de abaratar la contratación para crear más puestos de trabajo ha fracasado. De hecho, la principal consecuencia ha sido la precariedad del trabajo y la creación de vacantes mal pagadas, con menos derechos y malas condiciones laborales.
Diez años después, España da marcha atrás. El decreto del 30 de diciembre también da cumplimiento a un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la Comisión Europea, de garantizar el próximo tramo de fondos de la Unión Europea. Actualmente, el país tiene una tasa de desempleo del 14,5%, una de las más altas del bloque económico.
Cuando el trabajador, solución a la crisis, se convierte en problema
Trabajo temporal y subcontratación
El principal objetivo de la nueva reforma española es acabar con el abuso de la contratación temporal, que hoy representa más de una cuarta parte de las profesiones del país. La idea es incentivar la contratación permanente, lo que da más seguridad a los trabajadores y por ende a la economía. Además, la nueva normativa extingue la denominada contratación «por trabajo o servicio», equivalente al «trabajo intermitente» de la reforma de Temer.
La duración de los contratos temporales se limita ahora a seis meses y puede llegar a un año, si se permite en la negociación colectiva. En situaciones temporales, como vacaciones o actividades agrícolas, el período máximo es de 90 días.
Otro aspecto importante de la nueva ley es intentar frenar la subcontratación. Como resultado, los trabajadores contratados a través de empresas de subcontratación deberán recibir el mismo salario que los empleados directos. Por ejemplo, en el sector financiero, un tercero debe recibir de acuerdo con el convenio colectivo suscrito entre bancos y uniones bancarias.
La orden ejecutiva también prohíbe los despidos de empleados por razones económicas y establece de manera permanente el Expediente Regulatorio de Trabajo Temporal. La medida fue creada durante la pandemia para evitar que los trabajadores perdieran sus salarios y puestos de trabajo por la suspensión de la actividad en sus empresas.
la negociación colectiva
La reforma española busca reequilibrar los parámetros de la negociación colectiva, mediante la derogación de la limitación a la ultraactividad – la pérdida de vigencia de un convenio colectivo al final de su período de vigencia. La medida obstaculizó las negociaciones entre empresas y sindicatos. Y ahora, por tanto, el nuevo texto amplía la vigencia de los convenios colectivos, hasta la conclusión de una nueva negociación.
Por otro lado, se crean extensiones de reglas para ayudar a las empresas afectadas por Covid-19. En situaciones críticas provocadas por crisis macroeconómicas, será posible reducir las obligaciones de seguridad social. También podrán utilizar mecanismos de flexibilidad, facilitando autorizaciones compensatorias.
Con información del sitio Revisión del trabajo
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