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Tecnología e innovación
El objetivo es establecer incentivos en la zona | 10.13.22 – 20:30
(Foto: reproducción)El ensayo
goiania – El Gobierno de Goiás, a través de la Secretaría de Estado de Desarrollo e Innovación (Sedi), envió a la Asamblea Legislativa de Goiás (Alego) un proyecto de ley que propone la creación del Marco Legal para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Goiás. La propuesta establece una serie de medidas que favorecerán el desarrollo del Estado, mediante el fomento de la innovación y la investigación científica y tecnológica.
El proyecto de ley prevé la inserción económica de la población fomentando el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. También propone la descentralización geográfica y económica de las actividades empresariales de base tecnológica, con la creación de políticas públicas para las regiones del Estado con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), promoviendo la reducción de las desigualdades regionales.
El Secretario de Desarrollo e Innovación, Marcio Cesar Pereira, explica que Marco Legal creará ambientes favorables y fomentará alianzas estratégicas para el desarrollo de innovaciones y tecnologías, que colocarán a Goiás en una posición destacada. “Esta ley establecerá la interacción paso a paso entre el gobierno, las universidades y el sector productivo en la promoción de centros de investigación tecnológica y científica, emprendimientos innovadores y desarrollo de startups, haciendo a Goiás más competitiva”, explica el titular de la Sedi.
Las propuestas del Marco Legal incluyen la promoción de actividades científicas y tecnológicas; cooperación entre el gobierno, las empresas y el tercer sector; expansión de la competitividad empresarial; fortalecimiento de los Institutos de Ciencia y Tecnología (TICs); estímulo de las actividades de innovación; apoyo a inventores independientes; descentralización de las actividades de ciencia y tecnología y ampliación de entornos que promuevan la innovación y los centros de investigación.
El proyecto de ley pasará por la Cámara Legislativa para la consideración de los parlamentarios y consultas públicas, incluyendo la participación de representantes de las universidades, el sector productivo y la sociedad civil organizada.
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