Cientos de personas resultaron heridas durante las manifestaciones en Nueva Caledonia, entre ellas un centenar de agentes de policía, anunció este miércoles el ministro francés del Interior y de los Territorios de Ultramar, Gérald Darmanin, tras otra noche de disturbios en el archipiélago.
Las circunstancias en las que una persona murió tras recibir un disparo durante la noche del martes al miércoles aún no están claras, añadió el funcionario gubernamental en declaraciones a la radio RTL.
Según él, decenas de «casas y comercios» fueron quemados en Nueva Caledonia, en señal de protesta contra la revisión constitucional discutida en el Parlamento francés y criticada por los separatistas de este territorio francés del Pacífico Sur.
El martes, el Gobierno de Nueva Caledonia pidió «razón y calma» tras los disturbios que asolaron la capital el lunes.
Los disturbios llevaron al representante del Estado francés en el archipiélago a decretar un toque de queda obligatorio durante la jornada del martes, así como a prohibir todas las reuniones, el porte de armas y la venta de alcohol.
Las autoridades también cerraron escuelas secundarias y universidades. El aeropuerto internacional también fue cerrado y la aerolínea nacional de Nueva Caledonia, Aircalin, suspendió todos los vuelos programados para el martes.
Los disturbios estallaron el lunes, al margen de una manifestación independentista contra una revisión constitucional destinada a ampliar el electorado para las elecciones provinciales.
La Constitución actual de Francia limita el derecho al voto a aquellos inscritos en las listas del referéndum de autodeterminación de 1998 y a sus descendientes, excluyendo a uno de cada cinco votantes potenciales, incluidos los que llegaron después de 1998 y muchos residentes indígenas de Nueva Caledonia.
El Ministro francés del Interior y de los Territorios de Ultramar, Gérald Darmanin, que propuso esta revisión, consideró que esta disposición «ya no es conforme a los principios de la democracia» y «conduce al absurdo».
Los separatistas de Nueva Caledonia, un archipiélago de 270.000 habitantes, califican esta reforma como un intento de «marginar aún más al pueblo indígena canaco», que representaba el 41,2% de la población de la isla en 2019.
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