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En una revocación del juicio sobre el uso de perros en la investigación, la Universidad Estadual de Maringá (UEM) fue absuelta de la acusación de maltrato y envió el caso al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El proceso fue cerrado por el Consejo Nacional para el Control de la Experimentación Animal (Concea), el organismo del ministerio encargado de regular y fiscalizar el uso de animales en la investigación científica.
En 2019, Concea había decidido, en la misma acción, que la UEM había cometido una infracción «grave» en el uso de perros y multó a la institución con R$ 10.000.
La anulación de la multa y la decisión de archivo de la causa, que tramitaba el ministerio desde 2012, se resolvieron a finales de marzo y se oficializaron este mes.
El final del caso se basó en la opinión técnica del médico veterinario José Luiz Jivago de Paula Rôlo. Relator del proceso, es representante de la Federación de Sociedades de Biología Experimental del Concea.
Rôlo adjuntó al informe una evaluación del departamento legal de Concea, que reconoció la validez de los argumentos presentados por la UEM en el recurso.
La universidad afirmó que en el momento en que utilizó perros en la investigación, hasta 2011, el Concea aún no había legislado sobre los cuidados que debían recibir los animales.
“Las normas que precisaban las condiciones a las que debían ser sometidos los animales comenzaron a legislarse, con la llegada de la ya caducada Resolución Normativa N° 13, en 2013”, escribió el relator. “Este revisor entiende que a la luz de la legislación aplicable al momento de los hechos, el Concea no habría podido efectuar la condena, por lo que entiendo la nulidad de la condena y el archivo del proceso”, concluyó.
El dictamen fue leído y votado el proceso durante la 55ª reunión ordinaria del Concea, el 31 de marzo. El resultado, con la decisión de archivo, fue publicado en la edición del 8 de abril del Diario Oficial.
Tribunal dictamina poner fin al uso de perros en investigación
La sospecha de maltrato animal en la UEM fue denunciada al Ministerio Público de Paraná (MP-PR) en 2011 a través de una petición con cerca de 6.000 firmas.
En su momento, el MP-PR declaró que los animales eran mantenidos en precarias condiciones de higiene y utilizados en dolorosos experimentos dentales, sin anestesia adecuada.
La fiscalía declaró, en su momento, que la situación de maltrato a los animales era visible y que en el lugar donde se encontraban los perros había medicamentos caducados, y se reutilizaron agujas y jeringas contaminadas.
En ese momento, el MP-PR todavía declaró que los perros fueron sacrificados con una sobredosis de anestésico y los cadáveres fueron incinerados.
En el mismo mes, la Corte ordenó la suspensión de los experimentos realizados con perros. En julio de 2012, un fallo judicial ordenó la liberación de seis perros beagle y tres perros callejeros de la perrera de la universidad.
La UEM informó que no se pronunciará sobre la decisión de Confea.
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