Las historias socialistas critican el protagonismo de la justicia en el espacio público

YEstas posiciones son respaldadas por los ex ministros Alberto Martins, Vera Jardim -ambos ocuparon la cartera de Justicia- y María de Belém, por el ex diputado socialista Jorge Strecht y por Manuel Alegre (desde el sábado presidente honorario del PS), en un artículo titulado » En defensa del Estado de derecho' que publican hoy en el diario «Público».

Comienzan recordando que en el Estado de derecho «las disposiciones constitucionales relativas al proceso penal definen las garantías de la defensa, entre ellas el derecho de apelación, el juicio en el menor tiempo posible, la libre elección del defensor, la presunción de inocencia del del imputado hasta la firmeza de la sentencia, la competencia del juez de instrucción (como juez de libertades), la estructura acusatoria del proceso penal, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, siendo los actos de investigación que la ley determine subordinada al principio del juez natural y contradictorio».

«La independencia exigida a los tribunales y agentes de justicia no surge de la autonomía corporativa de sus miembros, sino de la necesaria exención e imparcialidad legal y constitucional de que están revestidos», subrayan.

Sin referirse jamás a ningún caso concreto, este grupo de dirigentes socialistas históricos expresa sin embargo una preocupación fundamental y deja una advertencia: «En el creciente papel de la justicia en el espacio público, la posibilidad de que el poder judicial y judicial supere sus límites legales para zonas de seducción mediática no sirve a su imparcialidad e imparcialidad funcional».

«Y lo mismo puede decirse del uso de los medios de comunicación o de las redes sociales como estrategia de acusación o defensa. Sin perjuicio de la libertad de información y de prensa, las condenas o absoluciones en la plaza pública son violatorias de principios constitucionales del Estado de ley”, señalan.

En este artículo abordan también el problema de la «crisis de confianza en el Estado democrático de derecho, sus instituciones y quienes las dirigen», por lo que consideran «que se requiere una cultura de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, indispensable para acercar a la ciudadanía de la gestión pública, fomentar su participación y reactivar la sociedad civil».

Manuel Alegre, María de Belém, Jorge Strecht, Vera Jardim y Alberto Martins afirman que «la corrupción, entendida en el sentido más amplio, destruye las reglas esenciales de igualdad del Estado de derecho, porque eleva a algunos por encima de las leyes y les permite dañar los derechos legítimos de los demás.»

“Esto se debe a la usurpación o captura del Estado por intereses privados, lo que no es ajeno a la duplicidad de agentes públicos con capacidad de decisión”, sostienen.

Sin embargo, llegados a este punto, lanzan una nueva advertencia: “Esta usurpación o captura del Estado por intereses privados germina y avanza con las desigualdades sociales, con la subversión de las reglas de la competencia leal, con la impunidad”.

«Pero la lucha contra la corrupción no se puede hacer subvirtiendo las normas del Estado de derecho», subraya el artículo escrito por este grupo de dirigentes históricos del PS.

Sostienen que, para tener éxito en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, la Unión Europea debe participar activamente en la lucha contra la economía sumergida, no sólo en su territorio, sino también a nivel internacional».

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