Cualquiera que camine por las calles de Coimbra ya se habrá dado cuenta de que la ciudad no destaca por su limpieza. La basura y los escombros esparcidos por las calles y aceras crean un escenario de abandono y decadencia. Pero ¿a quién debemos responsabilizar de esta situación?
Habitualmente, la responsabilidad se atribuye a la “falta de civismo” de algunos vecinos o a la “negligencia” de las autoridades. También es común escuchar argumentos sobre la corresponsabilidad, es decir, algunas personas se ensucian cuando no deben y otras no limpian cuando deben hacerlo.
Sin cuestionar la validez de estos argumentos, la cuestión de la limpieza urbana (o la falta de ella, en el caso de Coimbra) es más compleja de lo que parece a primera vista.
Hace más de medio siglo, el sociólogo Henri Lefebvre desarrolló el concepto de “producción social del espacio”. La idea central de Lefebvre es que el espacio urbano no se limita a una mera estructura física, sino que es el resultado de una construcción colectiva que involucra procesos continuos de diálogo y contestación. La limpieza (o suciedad) del espacio público resulta así de una negociación compleja entre varios actores, incluidos algunos que generalmente no son considerados en un análisis superficial de la cuestión.
Tomemos el ejemplo del dilema de presenciar a alguien arrojar una colilla al suelo. Aunque desaprobamos este comportamiento, evitamos confrontar a quienes lo realizan. Esta desgana puede estar motivada por el miedo al conflicto, la creencia de que no es nuestra responsabilidad reprender o la percepción de que tales comportamientos requieren enfoques sistémicos. Cualesquiera que sean nuestras motivaciones, nuestro silencio acaba legitimando aquellos comportamientos que contribuyen al estado de abandono que nosotros mismos lamentamos.
Nuestra responsabilidad se extiende al ámbito de los servicios de limpieza. En Coimbra, estos servicios, financiados con nuestros impuestos, son prestados por el Ayuntamiento en algunas zonas de la ciudad y por los consejos parroquiales en otras. Una característica distintiva de este esquema es la disparidad en la frecuencia y calidad de la prestación del servicio. Mientras que las calles y aceras del centro se barren a diario, otras zonas periféricas sólo reciben una limpieza esporádica y a menudo superficial.
Esta discrepancia en la calidad del servicio refleja una injusticia fiscal y afecta nuestra calidad de vida. Todos contribuimos a la limpieza en la misma proporción, pero sólo algunos reciben el servicio adecuadamente. El ciudadano que pagó por un servicio esporádico y negligente sólo tiene dos alternativas: puede aceptar pasivamente la situación o puede impugnarla exigiendo mejoras. En el primer caso, vuelve a convertirse en un legitimador involuntario y tácito del estado de abandono del espacio urbano. En el segundo, se enfrentará a un sistema burocrático poco permeable a las quejas y con resultados inciertos y que requieren mucho tiempo. Elegir esta alternativa, aunque desafiante, es fundamental para garantizar nuestro derecho a una ciudad limpia y saludable.
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