El operador, cuyo nuevo gran accionista es Saudi Telecom, ha reducido el número de despidos en más de un 20%, pero los sindicatos siguen considerándolo insuficiente.
Una nueva reunión entre Telefónica y los sindicatos permitió reducir en 5.124 personas el número de trabajadores que serán objeto de despido en el marco de la normativa laboral (ERE, asimilado a despido colectivo) del grupo Telefónica de España, Móviles y Soluciones . 3.959 empleados, o alrededor de un 22% menos, según un comunicado de UGT, uno de los sindicatos implicados en las negociaciones.
El operador indicó que las salidas sólo se producirían en zonas no críticas, según informan diarios españoles. Las áreas críticas son aquellas en las que la empresa entiende que no hay exceso de personal e incluyen áreas comerciales como seguridad digital o venta directa de ciberseguridad, negocios e ingeniería, entre otras.
La empresa también presentó un plan social basado en tres tramos de despidos colectivos, en función del año de nacimiento. Así, para las personas nacidas en 1968, el operador ofrece el 60% del salario reglamentario hasta los 63 años y el 30% hasta los 65 años.
Para los empleados nacidos en 1967, 1966 o 1965, la empresa ofrece el 55% del salario reglamentario hasta los 63 años y el 30% hasta los 65 años; mientras que para los nacidos en 1964 o antes ofrece el 50% del salario legal hasta los 63 años y el 30% hasta los 65 años.
Además, la empresa ofrece el pago del llamado convenio especial de seguridad social (CESS) hasta los 63 años. En cuanto a la póliza de salud, ofrecen cubrir el 40% del coste de la póliza básica hasta los 61 años.
UGT declaró que con esta oferta no habría acuerdo, garantizando que las cifras son absurdas y muy alejadas de cualquier tipo de acuerdo. Y reclamó una “propuesta seria” con valores económicos que mejoren lo establecido en los planes de salida y permitan, en todo caso, el voluntariado y el acceso a la jubilación.
La central sindical también insistió en que el despido colectivo y el convenio formaban parte de una negociación conjunta; En ningún caso habrá acuerdo si no se encuentra acuerdo también en el Tercer Acuerdo de Empresas Vinculadas (CEV) “que garantiza la estabilidad y los derechos de los “trabajadores”.
El conflicto se produce en el contexto de la adquisición por parte de Saudi Telecom Company del 9,9% de las acciones de Telefónica por valor de 2.100 millones de euros, anunciada a principios del pasado septiembre. La transacción se financió mediante una combinación de recursos propios del operador y deuda bancaria. En un comunicado de prensa de entonces, el grupo saudí afirmó que no tenía intención de adquirir el control ni una participación mayoritaria en el grupo español.
Saudi Telecom ahora tiene derechos de voto en el capital social directo de Telefónica, sujeto a la aprobación regulatoria. Hasta entonces, el mayor inversor en la empresa española de telecomunicaciones era el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con una participación en torno al 5% (finales de 2022).
El operador saudí invierte en el desarrollo de sus actividades y ha adquirido desde principios de este año el equivalente a 1.200 millones de euros en activos en Bulgaria, Croacia y Eslovenia (Grupo Unitel) y Pakistán.
Recordemos que Saudi Telecom también ha mostrado interés en Altice Portugal, propietaria de Meo.
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