La justicia argentina ordenó el lunes al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei distribuir «inmediatamente» toneladas de ayuda alimentaria a los sectores más pobres de la población, a lo que se niega desde diciembre.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano entregar en un plazo de 72 horas una lista detallada de los alimentos retenidos y distribuirlos “inmediatamente”.
El juez basó su decisión en información estadística que sitúa a más de la mitad de la población por debajo del umbral de pobreza.
La decisión del tribunal sigue un proceso iniciado en febrero por organizaciones sociales, tras la interrupción del suministro de productos alimenticios para los llamados comedores sociales, poco después de la llegada de Milei al poder.
El gobierno justificó esta interrupción realizando una auditoría a las organizaciones sociales que promueven los comedores sociales.
Recientemente, en el Parlamento, el gobierno dijo que la auditoría encontró que la mitad de los comedores sociales no existían.
Este “negocio de la pobreza”, uno de los caballos de batalla del gobierno, dio lugar a mediados de mayo a acusaciones y procesos judiciales contra comedores sociales “fantasmas” por malversación de fondos.
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, dijo en rueda de prensa que el Gobierno apelaría la decisión del juez, pero añadió que los productos en cuestión eran «reservas» destinadas a situaciones «peligrosas» o de «catástrofe».
Según organizaciones sociales, existen alrededor de 45.000 comedores sociales, pero un número indeterminado de ellos dejaron de funcionar al cortarles el suministro que recibían del Estado.
La Iglesia católica argentina pidió el domingo al gobierno la devolución “rápida” de las existencias de productos alimenticios que posee.
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