El cártel de la leche en España se salda con multas de 28 millones. Propietario de Parmalat y Nestlé entre los actores implicados
El Tribunal dictó condenas que respaldan la existencia de un cártel lácteo, entre 2000 y 2013, en el que participaron ocho empresas y dos asociaciones, pero redujo el valor global de las impuestas por la competencia de más de 80 millones a 28 millones de euros, en particular porque los hechos han prescrito.
El tribunal certificó, este miércoles, existencia de un cartel lácteo en España, que se remonta al periodo comprendido entre 2000 y 2013, en el que participan una decena de empresas, entre ellas Pascual, Nestlé y Lactalis, propietaria de Parmalaty asociaciones sectoriales del país vecino, pero redujo las sanciones impuestas por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 80 millones al valor global de 28 millones de euros.
La Audiencia Nacional ratificó así la resolución de la CNMC de julio de 2019, que acusaba a ocho empresas lácteas, así como a dos corporaciones regionales de Cataluña y Galicia, de formar un cártel para intercambiar información comercial sensible con el fin de coordinar la compra de leche en España, un infracción considerada «muy grave», pero se redujo el importe de las multas impuestas en su momento por la competición.
Según la prensa española, el tribunal dictó nueve condenas, una por cada recurso, convalidando las multas de 8,5 millones de euros impuestas a Calidade Pascual, 11,6 millones al grupo Lactalis Iberia y 6,8 millones de euros en el caso de Nestlé. También confirmó las sanciones impuestas a Central Lechera Galicia (53.310 euros) y Schreiber Food España (929.644 euros).
Respecto a las sanciones, el tribunal desestimó el argumento de las empresas que habían recurrido la decisión de la CNMC, que las calificaron de «arbitrarias», al considerar que «están fundadas y no son desproporcionadas».
Sin embargo, terminó concediendo parcialmente el recurso presentado por Comercial Alimentaria Peñasanta (que fue multada con 21,8 millones de euros); por Danone (que había sido objeto de una sanción de 20,2 millones de euros); por Industrias Lácteas Granada (10,2 millones de euros) y, finalmente, por la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), por «haber entendido que parte de los hechos examinados estaban prescritos».
Así, El tribunal pidió a la CNMC que volviera a calcular estas multas teniendo en cuenta los plazos examinados para cada uno de ellos, mientras que en el caso de Aelga confirmó su participación en el cártel, pero anuló la multa de 60 mil euros «por falta de justificación».
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