La Policía Federal de Brasil desmanteló este miércoles un plan de miembros del Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal del país, para secuestrar a distintas autoridades e invadir prisiones y salvar a sus principales líderes.
El plan fue desmantelado en un operativo en el que agentes de la Policía Federal ejecutaron hoy diez órdenes de captura y trece órdenes de allanamiento en los estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia.
Según la policía federal, el plan era liberar a algunos de los líderes del PCCh recluidos en las cárceles federales de Brasilia y Porto Velho, que son las prisiones más seguras del país y donde se envía a los detenidos más peligrosos. .
Entre los reos a ser rescatados se encuentran Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como “Marcola”; Claudio Barbará da Silva, conocido como «Barbará», y Valdeci Alves dos Santos, también conocido como «Colorido», eran considerados los principales líderes del PCCh.
Entre los detenidos hoy se encuentran la esposa de Marcola y la cuñada de Barbará.
El PCCh nació hace dos décadas en las prisiones del estado de São Paulo, desde donde controlaba el narcotráfico en varios puntos del país, y se convirtió en la mayor organización mafiosa de Brasil, con tentáculos en países como Bolivia y Paraguay.
Según un comunicado de la policía federal, los miembros del PCCh planearon secuestrar a algunas autoridades y previamente habían seguido a altos líderes del sistema penitenciario brasileño, con el objetivo de canjearlos por líderes encarcelados.
También planearon ataques armados contra prisiones, incluido el uso de helicópteros, así como disturbios en las prisiones para distraer a las autoridades y facilitar las fugas.
El plan se descubrió cuando las autoridades se dieron cuenta de que los líderes del PCCh habían utilizado una red de abogados, con quienes hablaban en clave, para mediar en las comunicaciones con sus cómplices liberados.
Estos abogados “transmitieron tanto mensajes de los detenidos como respuestas de los delincuentes involucrados en el rescate”, según el comunicado de la policía federal.
“Para organizar actividades ilícitas, los demandados utilizaron visitas a abogados para comunicarse con códigos referentes a situaciones jurídicas que no existen”, agrega la nota.
Entre los investigados hay cuatro abogados con oficinas en Brasilia y seis en São Paulo.
El juez que ordenó las detenciones también había autorizado la intervención telefónica de los imputados, lo que permitió establecer que la fuga era inminente.
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