Los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a una crisis sin precedentes con una deuda acumulada de 84 mil millones de euros, casi equivalente al tamaño de la economía global. Este fenómeno, amplificado por el costo económico de la pandemia, pone en peligro el bienestar de las poblaciones, particularmente en las economías desarrolladas.
A pesar de las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los expertos financieros sobre la urgencia de resolver los déficits presupuestarios crónicos, la mayoría de los políticos parecen estar ignorando el problema en un año marcado por elecciones en varias partes del mundo.
Los crecientes costos del servicio de la deuda reducen la financiación disponible para servicios públicos esenciales y para responder a crisis económicas como las pandemias. Además, los mayores rendimientos que exigen los inversores para comprar deuda pública elevan los costos de endeudamiento para los hogares y las empresas, perjudicando el crecimiento económico.
Los economistas advierten que seguir retrasando las medidas para controlar la deuda podría dejar a los gobiernos vulnerables a las duras disciplinas impuestas por los mercados financieros. Ejemplos recientes, como la crisis desencadenada en el Reino Unido después de intentos fallidos de importantes recortes impositivos, ilustran los riesgos de este enfoque.
A medida que se acercan las elecciones en varios países, incluidos Estados Unidos y Francia, el futuro de las finanzas públicas se vuelve incierto. La ausencia de un compromiso claro con la disciplina fiscal podría mantener nerviosos a los inversores, preocupados por la capacidad de los gobiernos de cumplir sus compromisos financieros.
Dado que se espera que la deuda pública alcance niveles preocupantes en los próximos años, la presión sobre los gobiernos para que implementen políticas fiscales responsables es más urgente que nunca.
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