CARACAS (Reuters) – Las restricciones a los espacios cívicos en Venezuela siguen siendo un motivo de preocupación, dijo el lunes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La oficina de Bachelet anunció que había documentado 97 incidentes de «estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, especialmente hacia la sociedad civil, la prensa y miembros de la oposición» entre junio de 2020 y mayo de 2021.
La gran mayoría de los incidentes involucran a personas acusadas penalmente de «formas legítimas de participación cívica», dijo Bachelet.
La detención de tres integrantes de la ONG FundaRedes fue un «ejemplo preocupante» de este tipo de criminalización, dijo Bachelet.
Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que fue la más activa en la denuncia de abusos y actividades ilícitas de los grupos armados colombianos en Venezuela, y otros dos fueron acusados el sábado de instigar el odio, la traición y el terrorismo.
El informe también planteó preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención, el debido proceso, el acceso a los servicios básicos y pidió que las vacunas estén disponibles para todos.
«Pido que todos los detenidos tengan acceso garantizado a alimentos, agua, saneamiento y atención médica», dijo Bachelet.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela publicó una nota en Twitter que decía que «de una serie de presuntas denuncias de violaciones de derechos humanos, se hicieron acusaciones no verificadas».
(Reporte de Sarah Kinosian)
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