El almacenamiento energético gana protagonismo, pero la incertidumbre normativa dificulta nuevos proyectos
El sector energético español atraviesa una profunda transformación. Tras años de fuerte expansión de la energía solar y eólica, el interés de las compañías y los fondos de inversión se está desplazando hacia el almacenamiento energético, especialmente mediante baterías y sistemas de bombeo hidráulico. Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos se está encontrando con importantes obstáculos regulatorios y administrativos que amenazan con ralentizar inversiones multimillonarias en España.
La situación preocupa tanto a empresas energéticas como a inversores internacionales, que ven cómo el marco normativo español sigue sin ofrecer la estabilidad y las señales económicas necesarias para acelerar la implantación de tecnologías clave para la transición energética.
Las baterías se convierten en la nueva prioridad del sector energético
España cuenta con uno de los sistemas eléctricos más diversificados de Europa y una elevada penetración de energías renovables. No obstante, algunos segmentos tradicionales, como la energía solar fotovoltaica o la eólica, ya no generan el mismo atractivo financiero que hace unos años debido a la saturación de proyectos y a la caída de la rentabilidad.
Ante este escenario, el almacenamiento energético ha pasado a ocupar el centro de la estrategia de muchas compañías. Desde la firma de servicios profesionales Alvarez & Marsal (A&M) explican que prácticamente todos los nuevos desarrollos renovables ya incorporan sistemas de baterías en sus planes de negocio.
Los inversores buscan asegurar posiciones estratégicas
Según A&M, las empresas desarrolladoras ya tienen identificados los puntos de conexión a la red más rentables para instalar almacenamiento energético. Esto ha generado una carrera por asegurar posiciones antes de que aumente aún más la competencia.
Aunque la construcción de sistemas de baterías no supone grandes dificultades técnicas, su operación sí es compleja. La gestión eficiente de los ciclos de carga y descarga requiere una coordinación constante para aprovechar las variaciones del mercado eléctrico y garantizar la rentabilidad de los proyectos.
El problema aparece cuando llega el momento de financiar las inversiones.
Falta de incentivos y regulación estable
El sector reclama pagos por capacidad
Uno de los principales obstáculos señalados por las empresas es la ausencia de un mecanismo operativo de pagos por capacidad. Este sistema permitiría retribuir la potencia firme que aportan las baterías a la estabilidad de la red eléctrica y garantizaría ingresos más previsibles para los inversores.
Andrés Alfonso, socio director de Transición Energética del despacho Ashurst, e Irian Martínez, socia del área Bancaria y Financiera de la firma, explican que la falta de este mecanismo sigue generando una elevada incertidumbre financiera.
Mientras no exista una regulación definitiva, los proyectos dependen principalmente del arbitraje de precios y de servicios de balance todavía poco desarrollados, lo que provoca ingresos muy volátiles y dificulta la obtención de financiación bancaria.
El acceso a la red añade más complicaciones
A las dificultades económicas se suman también los problemas técnicos y administrativos relacionados con el acceso y conexión a la red eléctrica.
La regulación vigente establece que las instalaciones de almacenamiento deben tramitar permisos tanto como generación como demanda energética, debido a la doble naturaleza de las baterías: consumen electricidad cuando se cargan y la inyectan a la red cuando descargan energía.
En la práctica, esto obliga a las empresas a obtener dos autorizaciones distintas, aumentando la complejidad burocrática y alargando los plazos de desarrollo.
España aún está lejos de sus objetivos de almacenamiento
El Gobierno español reforzó recientemente los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), fijando una meta de 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030 mediante baterías, bombeo hidráulico y soluciones térmicas.
Sin embargo, las cifras actuales muestran una realidad muy distinta. Según datos de Red Eléctrica, a cierre de 2025 España contaba con apenas 3,427 GW instalados, de los cuales 3,331 GW correspondían a bombeo hidráulico y únicamente 96 MW a baterías.
La diferencia evidencia el enorme esfuerzo inversor que todavía será necesario realizar durante los próximos años para cumplir los objetivos climáticos y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
Grandes compañías mantienen sus planes de inversión
Grenergy y Engie lideran algunos de los principales proyectos
A pesar de las dificultades regulatorias, varias compañías continúan apostando por el almacenamiento energético en España.
Grenergy se ha convertido en uno de los actores más activos del sector. La empresa contempla inversiones globales de 3.500 millones de euros dentro de su último plan estratégico, con una parte relevante destinada al mercado español.
Otra operación destacada ha sido la adquisición por parte de Engie de dos grandes proyectos de almacenamiento con baterías en Andalucía desarrollados por Rolwind Renovables. La inversión prevista supera los 240 millones de euros entre 2026 y 2028.
También ABB protagonizó recientemente la compra de parte del negocio de Siemens Gamesa, incluyendo activos relacionados con almacenamiento energético.
El IDAE moviliza nuevas ayudas públicas
En paralelo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha impulsado ayudas para acelerar estos proyectos.
La primera convocatoria de fondos Feder 2021-2027 para almacenamiento energético elevó su presupuesto hasta 839 millones de euros y permitió preseleccionar 143 proyectos equivalentes a unos 2,4 GW y 8,9 GWh de capacidad.
Posteriormente, la resolución definitiva aprobó ayudas para 133 proyectos que suman cerca de 10 GWh. El programa contempla anticipos de hasta el 100% de la subvención y un plazo de ejecución de hasta 36 meses, con fecha límite fijada para septiembre de 2029.
Un sector clave para la transición energética
El almacenamiento energético está llamado a convertirse en una pieza esencial del sistema eléctrico español, especialmente ante el crecimiento continuo de las energías renovables. Sin embargo, expertos y empresas coinciden en que España necesita acelerar las reformas regulatorias y ofrecer mayor seguridad jurídica para no perder una oportunidad estratégica de inversión y liderazgo tecnológico en Europa.
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