En su primera protesta desde las elecciones de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reunió a una multitud de simpatizantes en la Ciudad de México el pasado domingo, en lo que denominó la “Marcha del Pueblo”, organizada para mostrar su apoyo al mandatario tras las críticas y protestas contra la propuesta de reforma del sistema electoral de Estado del líder.
La reforma prevista inicialmente por AMLO consistiría en una reforma constitucional que reemplazaría al Instituto Nacional de Elecciones (INE), organismo autónomo designado por los partidos representados en el congreso por una nueva institución, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). , con siete en lugar de los 11 regidores elegidos por sufragio directo, y que eliminaría los institutos electorales de los estados mexicanos.
Terminando en la plaza central de la capital del país, conocida como el Zócalo, la protesta de este domingo se sumó, ssegún el alcalde de la capital, partidario del presidente, cerca de 1,2 millones de personas celebrar cuatro años de Presidencia por AMLO, en una manifestación que las calles siempre lo acompañan, luego de que una manifestación opositora reuniera, en la misma ciudad el día 13, unas 200.000 personas vestidas con ropa y accesorios rosa (el color del logo del INE), quienes protestaron y dijeron que «en el INE no se toca».
Al día siguiente, AMLO acusó, durante una conferencia de prensa, a los manifestantes de utilizar la defensa del INE como «un pretexto» para manifestarse en contra de «la transformación que se está produciendo en el país» y a favor de «los privilegios que tenían antes». «corrupción», «racismo», «clasismo» y «discriminación».
Sin embargo, el proyecto de reforma del sistema electoral implica una mayoría de dos tercios en el Congreso Diputados mexicanos para aprobar, que no tiene la coalición de gobierno liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador.
La oposición ha cerrado filas contra la propuesta original del presidente y ya ha dicho que votará en contra. El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido que gobernó México durante gran parte del siglo XX, Alejandro Moreno Cárdenas, defendió que el INE era «intocable» y contó con el «apoyo absoluto» de su partido contra esta iniciativa que está destinado a «apoderarse de los órganos electorales».
Marko Cortés, presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el mayor partido de oposición, dijo al diario mexicano el universal que la reforma electoral propuesta “pretende destruir la democracia” y eliminar el instituto autónomo que gestiona los procesos electorales.
El profesor del Tecnológico de Monterrey, Arturo Sánchez, dijo a la Deutsche Welle que la reforma del INE implicaría a “personas promovidas por los diferentes partidos”, lo que haría que dejara de ser “apartidista”.
Ante la falta de apoyo y a pesar de su insistencia en llevar a votación la propuesta de revisión, López Obrador elaboró entonces un «plan B», reformando las leyes electorales ordinarias, es decir leyes que no involucran a la mayoría calificada y pueden ser aprobado por la mayoría de 277 votos que ostentan los partidos de gobierno en el Congreso, sin necesidad de concertar acuerdos con la oposición.
Estas reformas legislativas apuntan, según el presidente, a «no gastar tanto en la organización de elecciones» y a «prohibir la compra de votos», dijo AMLO el jueves pasado.
Sin embargo, el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Burgoa, advirtió en entrevista con el periodista mexicano Ricardo Rocha que cualquier reforma legal que entre en conflicto con las normas constitucionales que rigen el sistema electoral sería, «sin duda alguna, inconstitucional».
Texto editado por Paulo Narigão Reis
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